Economía política, Finanzas populares

Que no se pierda lo ganado. La Economía Popular y Solidaria en encrucijada

Antes de la Constitución de 2008, los actores de la economía popular, y las organizaciones de la economía solidaria no tenían ningún tipo de reconocimiento legal. A partir de ese momento, los  Economía Popular y Solidaria pudo convertirse en sujeto de beneficios de parte del Estado, en justo reconocimiento de la dinámica que representan, una alternativa que funciona frente a un sistema económico dominado por el “imperialismo internacional del dinero”. Entre los espacios ganados se encuentran:

  • Financiamiento, Corporación de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS): que viene trabajando 10 años y colocando alrededor de USD 1000 millones en diferentes organizaciones de la Economía Popular y Solidaria que han mostrado su agradecimiento. Hubiese sido imposible que la CONAFIPS realizara esas colocaciones si no hubiese contado con las inyecciones de inversión doméstica. Curiosamente, el ahora Ministro de Finanzas, que hace pocos meses hablaba de “incorporar a la EPS en programas de desarrollo productivo”, ha propuesto (ya lastimosamente lo ha logrado) eliminar esa inversión doméstica a través de la Ley Trole 3. Parece que la Economía Popular y Solidaria deberá volver a recurrir a la banca privada.
  • Proveedores en la compra pública, Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP): desde el año 2008, el reconocimiento de la Economía Popular y Solidaria permitió incorporarla a mecanismos preferentes. La compra pública no fue la excepción, y la ley contemplaba la posibilidad de generar reservas de mercado para la EPS, con bienes normalizados, que eliminen barreras y discrecionalidades. El SERCOP procuró operativizar esta reserva a través del catálogo dinámico inclusivo (CDI). Gracias a este mecanismo, organizaciones de la EPS, junto con MiPymes y artesanos, pueden gozar de estabilidad en un mercado previsible. La compra pública por CDI llegó a USD 200 millones durante el año 2016.
  • Participación en el mercado privado, a través de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM): con un “Manual de Buenas Prácticas Comerciales para Supermercados”. Lastimosamente no se cuenta con datos históricos que permitan comparar la incorporación de las organizaciones, y la Superintendencia de Control de Poder de Mercado no contó con una definición que permita diferenciar a las organizaciones de la economía popular y solidaria del resto de proveedores, pero, a partir de 2015, el 20% de las compras (en monto) correspondieron a proveedores que facturaron menos de USD 1 millón anual. Para 2017, estos pequeños proveedores facturaron cerca de USD 50 millones a los supermercados participantes del Manual. En 2015, así como en el  2017, ya existió una tentativa de “redacción similar” del Manual, a través de la Junta de Regulación y Control de Poder de Mercado, que, además de generar incertidumbre, disminuía el ámbito de las entidades sujetas al Manual (particularmente importadores) y los beneficios para las MiPymes y EPS.
  • Reconocimiento formal, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS): el reconocimiento formal mediante una institucionalidad dedicada ha facilitado la incorporación de la Economía Popular y Solidaria a los demás beneficios gubernamentales, así como la elaboración de políticas públicas y programas específicos. Una Superintendencia centrada en el reconocimiento y en el acompañamiento (por ejemplo, en el caso de los bancos comunales) antes que en el control y el castigo, resulta imprescindible para un sector con una dinámica distinta. Pero esto podría estar en riesgo. En un artículo de opinión de una institución relacionada con el Foro de Economía y Finanzas, a la Economía Popular y Solidaria se la debe tratar con énfasis en la “regulación y prudencia financiera”, desentendiéndose de su dinámica propia y evitando que profundice en sus propios principios. No sorprendería que el mencionado Foro ya tenga un nombre o dos en mente para hacerse cargo de esa labor.

No hay duda que existen y existieron falencias, principalmente conceptuales (¿es la economía solidaria lo mismo que artesanos, mipymes o autónomos? ¿es la economía solidaria una cooperativa en la que los socios no se conocen entre sí?), pero también de orden práctico: se requiere de un registro único de EPS para participar en compra pública, de un aumento sustancial de la participación de la EPS en los supermercados, de un mayor acompañamiento de parte de la SEPS y el IEPS, de una mejor organización de la “red de redes” que constituyen los distintos niveles de asociación, y una normativa más acorde a los principios de la Economía Solidaria.

Nada de esto será posible si caemos en el juego de la “articulación entre los privados y la EPS”, que es semejante a condenar a la EPS a una distribución antojadiza del trabajo: que las empresas privadas se dediquen a la intermediación y comercialización, a la gerencia y las actividades rentables, y la EPS sea siempre la “economía de pobres para pobres”. Cuidado con aquellos que pretendan institucionalizar la desigualdad y encima venderla como un favor.

Nunca debe olvidarse que, de acuerdo a la Constitución (art. 283), el sistema económico nacional es Social y Solidario: no es la EPS la que debe acoplarse a las empresas privadas, son las empresas privadas las que deben acoplarse a la EPS.

Porque todo programa concebido para aumentar la producción, al fin y al cabo, no tiene otra razón de ser que el servicio de la persona. Si existe, es para reducir las desigualdades, combatir las discriminaciones, librar al hombre de la esclavitud, hacerle capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual. Decir desarrollo es, efectivamente, preocuparse tanto por el progreso social como por el crecimiento económico. No basta aumentar la riqueza común para que sea repartida equitativamente. No basta promover la técnica para que la tierra sea humanamente más habitable. Los errores de los que han ido por delante deben advertir a los que están en vía de desarrollo de cuáles son los peligros que hay que evitar en este terreno. La tecnocracia del mañana puede engendrar males no menos temibles que los del liberalismo de ayer. Economía y técnica no tienen sentido si no es por el hombre, a quien deben servir. El hombre no es verdaderamente hombre, más que en la medida en que, dueño de sus acciones y juez de la importancia de éstas, se hace él mismo autor de su progreso, según la naturaleza que le ha sido dada por su Creador, y de la cual asume libremente las posibilidades y las exigencias. (Pablo VI, Populorum Progressio, 1967, Nro. 34)

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