Banco Central, Estadística, Observatorio

Análisis comparativo de la remisión de 2015 y la Trole 3

La remisión de 2015 no incluyó condonación por aporte patronal al IESS y dispuso recálculo de utilidades para beneficio estimado de $326 millones a los trabajadores. Remisión de la Trole 3 (2018) incluye condonaciones del IESS, ANT y empresas públicas y dispuso no recalcular utilidades para perjuicio estimado de $483 millones a los trabajadores. Si la norma secundaria de la Trole 3 dispusiera recálculo de utilidades, el impacto en las cifras macroeconómicas sería del 3% del PIB.

Las normas del Ejecutivo deben excluir al aporte patronal de la remisión; excluir a los impuestos retenidos de la remisión por constituir delito; ordenar provisiones y contingencias por recálculo de utilidades para los trabajadores; regular el recálculo de utilidades para fines contables y estadísticos; ordenar la publicación de los “informes internos” de la Trole 3; transparentar el detalle de la remisión en todas las entidades.


Muchos actores políticos citaron el análisis que hizo este Observatorio sobre la remisión de multas, recargos e intereses que se incluyeron en la Ley Trole 3, recientemente aprobada (en parte por el Ministerio de la Ley, es decir, por omisión de la Asamblea). Las cifras de las deudas a ser perdonadas compiladas por este Observatorio y presentadas a la sociedad tuvieron amplia circulación y fueron mencionadas en varios medios de comunicación.

En vista que la ley requiere que se instrumente mediante normas de carácter secundario a ser expedidas por el Presidente, por el SRI y por otras entidades, aportamos con este análisis comparativo y con propuestas.

El contexto de la remisión de 2015 fue uno de recesión y afectación negativa a las cuentas externas y fiscales. El único propósito de la ley de 2015 fue la remisión. El contexto de la remisión de 2018 es muy diferente, pues se presenta en un año de crecimiento económico y resultados externos positivos, aunque con iliquidez fiscal artificial y autoinflingida. Y está enmarcada en una ley “Trole” que reforma a más de veinte leyes y forma parte de una condicionalidad ex ante para acceder a financiamiento del FMI.

El ámbito de la remisión del 2015 fue solo de deudas al SRI. El ámbito de la remisión de 2018 fue mucho mayor, pues incluyó aportes patronales de la seguridad social, aranceles, empresas públicas de la función ejecutiva, multas de tránsito, glosas de contraloría, entre muchos otros. Este observatorio criticó que se incluyan condonaciones de tránsito o por glosas de la Contraloría. Sin embargo, el punto más criticable es la remisión de aportes patronales a la seguridad social, lo que muy seguramente será considerado inconstitucional si nos ajustamos a los precedentes recientes. Las normas secundarias deberían guardar coherencia con la Constitución y con los resultados de la Consulta Popular de 2011 y evitar implementar la remisión para los aportes patronales. Al fin y al cabo, siguiendo la lógica de urgencias de liquidez de la caja fiscal, el IESS no forma parte de la caja fiscal.

La remisión de 2015 expresamente excluyó a los impuestos retenidos. Es decir, si un banco (como agente de retención) cobró el IVA a un contribuyente pero luego no pagó ese IVA al Estado, no se podía aplicar la remisión. Además de una falta de carácter tributario, constituye en un delito. En la remisión de 2018 sí se incluyó a los impuestos retenidos. La normativa secundaria debería excluir a los impuestos retenidos de la remisión para no avalar un delito.

La remisión de 2015 – en su disposición general segunda (imagen izquierda)- estableció que se comuniquen los beneficiarios de las remisiones al IESS y al Ministerio de Trabajo para que puedan recalcular las utilidades de los trabajadores. Al contrario, la remisión de 2018 incluyó la disposición general tercera (imagen derecha) – claramente inconstitucional – que, de acuerdo a lo que hemos estimado, generaría una afectación negativa de $483 millones por participación en las utilidades no pagadas a los trabajadores de las empresas beneficiarias de la remisión.

 

Dadas las acciones ya anunciadas para derogar esta disposición y demandar la inconstitucionalidad de la misma, soportada en los recientes precedentes de la Corte Constitucional que eliminó el techo a las utilidades de los trabajadores en ciertos sectores estratégicos, recomendamos que los beneficiarios de la remisión registren como provisiones y registren entre sus contingencias el recálculo del pago de utilidades a los trabajadores. En ese sentido, la normativa secundaria a ser expedida debería normar que las empresas deben registrar estas provisiones y contingencias a favor de sus trabajadores si buscan ser beneficiarios de la remisión.

Adicionalmente, esta importante diferencia con la remisión de 2015 también tiene consecuencias macroeconómicas que resaltamos en una anterior ocasión. Asumamos que se cumple la ley a rajatabla y no se recalculan las utilidades “para los efectos del Código del Trabajo”. Pero eso no impide que la normativa secundaria regule que sí se recalculen las utilidades “para fines de la contabilidad empresarial y para fines de las estadísticas económicas”.

Para la remisión de 2018, el SRI estima recaudar (en números redondos) $604 millones por la remisión. Asumiendo que se trata de impuesto a la renta con una tasa del 22% (conservador sin considerar reinversiones), el monto de utilidades en toda la economía nacional debería recalcularse en $3219 millones. ¡Es más de 3% del PIB! Si asumimos que la contabilidad debe reajustarse en un promedio de tres años, implica un impacto estimado de 1% del PIB cada año.

Actualmente, el Banco Central construye las cuentas nacionales sobre la base de la contabilidad declarada por las empresas a la Superintendencia de Compañías y al SRI. Si las ganancias (valor agregado) eran realmente $3219 millones mayores a lo que el Banco Central registró en las estadísticas, por supuesto que amerita un ajuste en las estadísticas de valor agregado bruto por industria y – en general – en el crecimiento económico. Incluir el recálculo de las utilidades para fines contables es un imperativo de la normativa secundaria (sin perjuicio de lo relativo a los trabajadores) .

Todavía no tenemos los impactos de la remisión 2018, pero en números redondos el SRI ha estimado un impacto neto positivo de $600 millones y el IESS ha estimado un impacto neto positivo de $100 millones. No conocemos cifras de las otras entidades a pesar que la transparencia de estos datos fue uno de los puntos principales que propusimos para el veto presidencial. La falta de transparencia de los datos se suma a la falta de los “informes internos” de impacto económico de la Trole 3, pues estos últimos no fueron anexados (si es que existen) al dictamen favorable a esta ley que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas el 23 de mayo. Un pedido al Ministerio a estas alturas, con la ley ya aprobada, sería que ahora sí haga públicos dichos informes internos citados en su dictamen. La normativa secundaria debería ser exigente en transparentar a detalle la evolución de la remisión en todas las entidades públicas, para conocimiento de la ciudadanía.

Con relación a los impactos de la remisión de 2015, hemos podido acceder al informe de labores del tercer trimestre de 2015 del SRI. No encontramos información a detalle de las empresas beneficiarias, salvo que las más importantes están en la zona 9 (Quito), por lo que suponemos que se trata de empresas petroleras. A raíz de la remisión, el SRI tuvo que afrontar 1240 juicios menos. Según el informe del SRI, el impacto neto fue de $547 millones:

juiciosRemision2015

Los litigios correspondientes a impuesto a la renta sumaron $482 millones. Esto significa que, por la remisión de 2015, los trabajadores se habrían beneficiado de $326 millones adicionales en utilidades. También significa que se tuvieron que corregir  al alza $2172 millones en utilidades, porque la aplicación de la ley de remisión de 2015 sí derivó en un recálculo contable. Por esta razón, suponemos que estas cifras ya deben estar incorporadas en las revisiones de las estadísticas macroeconómicas.

A manera de conclusión, aunque en contextos muy diferentes, ambos casos tuvieron un enfoque fiscal similar aunque la remisión de la Trole 3 es mucho más abarcativa y conlleva un sacrificio fiscal mayor. Sin embargo, la remisión de 2015 fue beneficiosa para los trabajadores porque no incluyó condonación por aporte patronal al IESS y dispuso recálculo de utilidades para beneficio estimado de $326 millones. Mientras que la remisión de la Trole 3 (2018) incluye un perjuicio estimado de $483 millones a los trabajadores.

La normativa secundaria que deberá expedir el Ejecutivo puede corregir algunos errores de la Trole 3 con relación a la remisión. Las normas del Ejecutivo deben excluir al aporte patronal de la remisión; excluir a los impuestos retenidos de la remisión por constituir delito; ordenar provisiones y contingencias por recálculo de utilidades para los trabajadores; regular el recálculo de utilidades para fines contables y estadísticos; ordenar la publicación de los “informes internos” de la Trole 3; y, transparentar a detalle los montos y los beneficiarios de la remisión en todas las entidades públicas. Si la norma secundaria de la Trole 3 dispusiera recálculo de utilidades, el impacto en las cifras macroeconómicas sería del 3% del PIB.

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3 comentarios en “Análisis comparativo de la remisión de 2015 y la Trole 3”

  1. El ámbito de la remisión de 2015 fue mucho mayor, pues incluyó aportes patronales de la seguridad social, aranceles, empresas públicas de la función ejecutiva, multas de tránsito, glosas de contraloría, entre muchos otros. 2015 o 2018?

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