Economía política, Filtraciones, Historia, Leyes y regulación

Privatizaciones 2.0: lecciones del pasado traídas a valor presente

Si no quieres repetir el pasado, estúdialo.

Baruch Spinoza, filósofo holandés

Los vientos de la privatización han regresado al Ecuador. ¡Claro que privatizaciones! Una concesión que entrega la administración y la propiedad del flujo de una empresa es una privatización aunque quieran dorarnos la píldora mil veces. Desde hace varios meses, el Consejero de Gobierno Santiago Cuesta muy suelto de huesos ha manifestado que no es una o dos empresas públicas las que buscan ser entregadas a manos privadas sino una lista más extensa: “la CNT, Tame, las eléctricas, TODO debe ser concesionado”. La justificación nos hace recordar los años 90 en que una combinación de interesada ortodoxia económica y la urgencia fiscal eran las grandes justificaciones para pasar las empresas del estado al sector privado. En este texto podemos a consideración un ejercicio para la memoria y traemos a valor presente las lecciones aprendidas de un – finalmente trunco – proceso privatizador de décadas atrás en nuestro país.

El Gobierno de Lenín Moreno repite hasta el cansancio (con el eco de los grandes medios de comunicación) que la premura fiscal es culpa del régimen anterior. Pero desvía nuestra atención del gran impacto fiscal que acarrea la promulgación de la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal” apodada adecuadamente “Trole 3” cuyo reglamento se expidió el 18 de Diciembre pasado. La aplicación de esta ley generará un enorme impacto tributario negativo para el fisco del que no hay datos precisos (¿dónde está el SRI transparentando esta cifra? o ¿dónde esta la SENPLADES que en la última década ha cumplido un rol clave en materia de seguimiento y evaluación del impacto de la política pública?). Solamente la exención tributaria en el pago del impuesto a la renta sobre dividendos percibidos para las acciones de empresas que capitalicen el 51% de sus utilidades, reducción de 10 puntos en el pago del impuesto a la renta por reinversión en activos productivos (acciones que las grandes empresas ya venían haciendo) y la posibilidad de que estos dividendos no paguen impuesto de salida de divisas (ISD) si se pagan en el exterior podrían tener un impacto anual mayor a los USD 1.000 millones. El “ahorro” para el fisco por concepto de la subida del precio de los combustibles le alcanzará con las justas (o quizá no) para compensar este hueco fiscal generado por el propio Gobierno.

Pero el auto-provocado hueco de la Trole 3 será mucho más grande, de ahí que, parafraseando a Cuesta, el Gobierno de Moreno deberá hacerlo TODO, concesionarlo TODO para resolver el problema. El regreso de la maravillosa fórmula de los años 90: provocas la crisis (peor aún cuando hoy en día, las condiciones externas para la economía ecuatoriana no están para holgura, pero tampoco para crisis) y urges la profundización del recetario que ha sido cómplice de la crisis. De ahí que es urgente regresar a ver a la historia y – en su debido contexto y guardando las diferencias – entender aquellas lecciones que podrían ser útiles a valor presente.

Escuchar a Cuesta hablar de privatizar CNT y las eléctricas, enterarnos sobre los acercamientos con una banca de inversión para ello y, finalmente ver al Presidente y a su Ministro de Economía ser recibidos por el FMI en el pasillo del Foro Económico de Davos para luego anunciar que un acuerdo con el FMI está próximo nos lleva indudablemente a pensar en los años 90 e inicios del siglo en curso y los truncos procesos de privatización del sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Este proceso no llegó al puerto que deseaban los gobiernos de turno (vender estas empresas a inversionistas privados internacionales con nombre y apellido) pero sí que dejaron desbaratados a dichos sectores en el proceso.

Existen varias lecciones aprendidas que debemos revisar de los procesos de privatización de los años 90 e inicio del siglo XXI (en este link, a partir de la página 62, pueden encontrar mayor información sobre ello y en particular sobre el trunco proceso de privatización del sector eléctrico). A continuación me referiré brevemente a algunas de esas lecciones como su valor en el momento actual que vive el país:

  • Las normas pueden cambiarse y el terreno puede prepararse incluso si la Constitución no lo permite: En los 90 se promulgó la Ley de Modernización del Estado de 1993 (curiosamente no derogada y solamente con algunos cambios durante la última década), se creó el Consejo Nacional de Modernización del Estado – CONAM- como el ente rector de las privatizaciones y se reformaron las normas específicas de los sectores de las telecomunicaciones (1995) y eléctrico (1996). Posteriormente, ya bajo el marco de la Constitución de 1998, llegaron las Leyes Trole I y Trole II para completar el gran marco normativo para las privatizaciones. Incluso considerando lo que claramente dispone la Constitución de Montecristi de 2008, habrá que estar atentos a las reformas normativas que puedan impulsarse hoy en este sentido . Cabe recordar que el terreno legal e institucional para las privatizaciones de los 90 se empezó a trabajar aun cuando la Constitución de 1979 no lo permitía. El candado constitucional actual es innegable, pero supone la vigencia de un pleno estado de derecho lo que hoy en día es muy cuestionable en nuestro país.

 

  • El rol de la máxima entidad de control constitucional: En aquel entonces, el Tribunal Constitucional (ahora Corte Constitucional) declaró inconstitucional importantes tramos de la Trole II  en su resolución 193 de Diciembre del año 2000. En esta resolución, por ejemplo, todo lo concerniente a la privatización del sector eléctrico fue declarado inconstitucional. El Tribunal Constitucional de la época respondía a una correlación de fuerzas y el rol del Presidente del Tribunal de aquel entonces, Marco Morales de la Izquierda Democrática (ID), fue gravitante para limitar las privatizaciones. Por supuesto, en aquel entonces a la ID no le interesaba que la Empresa Eléctrica Quito se privatice pero curiosamente sí les interesaba concesionar el aeropuerto de la capital. ¿Qué rol van a cumplir los diferentes partidos políticos en la Asamblea Nacional hoy en día? El triste rol de la actual Corte Constitucional es parte ya de la historia y ella deberá juzgarlos, pero ahora cabe cuestionarse: ¿qué rol cumplirá la nueva Corte Constitucional y donde varios de sus jueces están siendo impugnados por su falta de probidad y conflictos de interés?

 

  • Si la consiga es privatizarlo todo, como manifiesta Cuesta, el meollo se traslada de nuevo a los Gobiernos Locales (GAD) cuando estamos a puertas de un proceso electoral en que se renovarán autoridades a ese nivel. Tengamos en cuenta que varios GAD mantienen aún (aunque debían haberlas vendido tiempo atrás) importantes participaciones en las empresas de distribución eléctrica de distribución particularmente en  la Empresa Eléctrica Quito y en la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. La discusión sobre la avidez privatizadora no debe ser ajena a la discusión electoral de las semanas por venir. ¿Qué dicen los candidatos al Municipio de Quito y a la Prefectura de Pichincha al respecto? ¿Qué postura tienen los candidatos al Municipio de Cuenca y a las Prefecturas del Azuay, Cañar y Morona Santiago?

Accionistas de la Empresa Eléctrica Quito:

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Fuente: Superintendencia de Compañías

Accionistas de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur:

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Fuente: Superintendencia de Compañías

  • El Rol clave de la Banca de Inversión: en la trunca privatización de las empresas de distribución eléctrica de los años 90 e inicios del 2000, el banco de inversión Salomon Smith Barney fue el encargado de asesorar el proceso a sugerencia del Banco Mundial. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Salomon Smith Barney subvaloró el paquete de 17 empresas de distribución eléctrica a ser privatizadas. La cifra de  USD 584.1 millones fue criticada por el mismo CONAM quien finalmente elevó la cifra a USD 751.9 millones. En palabras de Ricardo Noboa Bejarano, Director del CONAM de la época, Salomon quería el éxito total del proceso (vender a como de lugar) pero eso iba a tener una incidencia muy significativa para el Estado. Pero además de ello, Salomon estaba relacionado, en el entramado del Grupo Citibank, con la Unión Fenosa Española quien era el principal potencial oferente del proceso privatizador. Los detalles de esta historia los pueden encontrar en este link a partir de la página 62. Entonces, el rol de la banca de inversión no es simplemente técnico en estos procesos. Existen potenciales intereses y conflictos de interés que requieren ser investigados. A través de documentos filtrados, se conoce que el Gobierno Ecuatoriano ha escogido a la banca de inversión Guggenheim para el proceso privatizador de CNT. Urge que las miradas fiscalizadoras de la sociedad civil y, por qué no, de entes como la Asamblea Nacional tomen seriamente la necesidad de investigar y dar seguimiento a estas entidades de asesoría.

 

 

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