Evaluación de la Ley Trole 3 (I): Suicidio fiscal

Hoy, Moreno entregó en la Asamblea el proyecto de ley económico-urgente denominado «Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal» que, como lo indica su nombre, versa sobre muchas materias, como lo hicieron sus antecesores neoliberales Trole 1 y Trole 2 en el año 2000.

Así como sus padres ideológicos, la Ley Trole 3 modifica leyes que abordan Tributos, Alianzas Público-Privadas, Código Monetario, Seguridad Social de la Policía, Derechos Laborales, Finanzas Públicas, Contratos Petroleros, Empresas Públicas, Organización Territorial, Zonas Especiales de Desarrollo, Catastros Municipales, Deudas de la Banca Cerrada, la recientemente aprobada Ley de Reactivación, entre otros. Y como es económico-urgente, la Asamblea tiene 30 días para aprobarla, modificarla o rechazarla. Si no se logra, este texto entrará en vigencia como decreto-ley,  al igual que la Trole 2.

Como veremos, esta ley responde en un 100% al neoliberalismo criollo que se vivió en el Ecuador en la década de los 1990s.

Por consideraciones de oportunidad, no evaluaremos todo el texto, pero nos concentraremos en los 5 aspectos más peligrosos de este cuerpo legal.

1. Ajuste fiscal

La sección octava del proyecto de ley realiza varios cambios a la legislación de finanzas públicas. La más contundente es la regla que prohibe aprobar Presupuesto General del Estado con déficit primario. Es decir, que cada año, deben haber más ingresos (impuestos) que egresos (educación, salud, seguridad). Pero, si hay que pagar intereses de la deuda, ahí sí se permite incurrir en déficit y endeudarse más.

 

Solo hay dos formas de lograr que las cuentas cuadren. O mejorar los ingresos o reducir los egresos. Esta ley incluye la reducción de impuestos – incluyendo el anticipo al impuesto a la renta – así que el resultado obvio es un recorte a los servicios públicos. El mismo artículo dice que se deberá «disminuir el gasto primario cada año». Debe leerse: disminuir sueldo/número de servidores públicos de educación/salud/seguridad cada año.

En los últimos 5 años, el déficit primario ha promediado 2,6% del PIB. Ese es el tamaño del ajuste fiscal – suicidio fiscal – que se busca con este articulado.

Sin anticipo al impuesto a la renta – el mejor instrumento contra la evasión -, queda claro que el recorte de más de $2600 millones, lo sufrirán los ciudadanos que acceden a los servicios públicos de educación, salud y seguridad. Una estimación rápida arrojaría el despido del 10% de profesores/médicos/soldados o la reducción del 10% de sus sueldos.

La propuesta de ley sí contempla una excepción, y es justamente que el Presidente de la República decrete estado de excepción. Vale recordar que el estado de excepción se da por guerra, conflicto interno, calamidad pública o desastre natural. Esperemos que el País no esté inmerso en ninguno de los cuatro, aunque si se aplica este suicidio fiscal, es probable que sí lleguemos a calamidad pública.

Sobra decir que un análisis puramente contable de los ingresos o egresos omite cualquier consideración respecto al cumplimiento obligatorio del Plan Nacional de Desarrollo (art. 293 de la Constitución) o del cumplimiento de los derechos constitucionales. Eso ha sido totalmente ignorado por quienes propusieron este proyecto de ley claramente neoliberal, que subordina la sociedad a la contabilidad pública así como privilegia al capital sobre el ser humano.

Pero esto no se queda ahí, en la siguiente entrega abordaremos cómo esta ley económico-urgente mutila instrumentos de auto-financiamiento que tiene el Estado, como son la banca pública y el banco central y como la aplicación de esta propuesta de ley significaría una crisis artificial de liquidez con consecuencias nefastas para la ciudadanía y para las pequeñas empresas.